Trece muertos en los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes en El Cairo

La quema de una iglesia provoca un enfrentamiento entre ambas comunidadesLa violencia sectaria ha vuelto a las calles de Egipto. Trece personas fallecieron la madrugada del martes y más de 140 resultaron heridas durante un choque entre cristianos y musulmanes registrado en Moqqatam, un suburbio de El Cairo. El enfrentamiento, en el que participaron más de 1.300 personas, se originó cuando un grupo de cristianos coptos bloquearon una de las principales autopistas de la zona sur de la ciudad que transcurre junto al barrio en una sentada pacífica de protesta contra la quema de una iglesia días antes en otro barrio cairota. Un portavoz de la iglesia en la zona afirmó que un par de centenares de musulmanes al grito de ¡Alá es grande! vinieron de Sayeda Aisha y les atacaron con piedras. Horas después disparos al aire, cócteles molotov y un número creciente de individuos de ambas confesiones protagonizaron una batalla.

En la montaña del Moqqatam, uno de los barrios más deprimidos de la capital egipcia se hacinan miles de cristianos que viven de la recogida y reciclaje de las toneladas de basuras que los 20 millones de habitantes de El Cairo generan cada día. De una de las casas salen gritos y lamentos y al rato un féretro que es llevado en volandas, mientras las mujeres, de negro riguroso, se abrazan y sostienen unas a otras. Los vecinos acusan al Ejército de ser cómplice de las muertes. Un hombre afirma que los agresores se parapetaron en los tanques para atacarles. Otro muestra los bidones de gasolina de metal, similares a los que portan los tanques y que supuestamente habrían sido usados para incendiar cinco fábricas de reciclaje de cartón y plástico y otras tantas villas. "¿Quién de nosotros puede coger algo del Ejército sin su permiso?", añade el hombre insinuando la connivencia de los militares.

Entre los edificios quemados hay dos que han sobrevivido a las llamas. "Son de musulmanes", explica una mujer que tiene lo poco que ha podido salvar en el incendio metido en una camioneta. A su alrededor, media docena de chiquillos descalzos y comidos de moscas se sorbe los mocos. "¿Dónde vamos a ir ahora, a América? Lo hemos perdido todo. La ropa, el oro..."

"Una mezcla de matones con palos y machetes y algunos barbudos atacaron a los cristianos", explica Badri Makra que llamó personalmente a los militares que "se tomaron su tiempo para acudir a acabar con la protesta". "Vinieron cinco tanques que se supone que iban a separarles y no lo hicieron".

En un comunicado que los Hermanos Musulmanes hicieron ayer a través de su página web acusaban al depuesto Gobierno de instigar la tensión religiosa para provocar el caos. Los Hermanos instaron a los egipcios a no dejarse atrapar en la trampa de la sedición sectaria por el peligro que entrañaría la desestabilización del país para la joven revuelta iniciada el 25 de enero pasado. El comunicado apelaba al orgullo nacional sin diferencia de "religión, color o credo" y destacaba que no se gana nada sin renunciar a algo y que la fuerza de la nación y el triunfo de la revolución residían en el respeto mutuo.

Es el segundo día que la capital egipcia vive enfrentamientos entre ambas comunidades después de que el pasado domingo fuera quemada una iglesia en el barrio de Helwan, a las afueras de la ciudad. Un grupo de musulmanes habían prendido fuego al templo después de un enfrentamiento entre familias que había dejado dos muertos porque una musulmana tenía una relación amorosa con un cristiano.

Egipto es un país de mayoría musulmana suní donde los cristianos coptos suponen apenas el 10 por ciento de una población de 80 millones y periódicamente se producen enfrentamientos entre ambas comunidades. La pasada Navidad los ánimos volvieron a prender cuando un atentado contra una iglesia en Alejandría dejó 23 muertos y más de 90 heridos.

Un capitán que controla el acceso al suburbio asegura que "trataron de separarles pacíficamente y que los militares no efectuaron "ni un disparo". "Si lo hubiéramos hecho habría muchos más muertos", afirma. Sí reconoce, sin embargo que oyó tiros, aunque no sabe "de donde procedían". En su opinión lo que ocurrió ayer en Moqqatam fue "sólo un malentendido". Un error que ha dejado a 13 madres sin sus hijos.

Mientras los diarios egipcios se hacían eco de la existencia de una "contrarrevolución en las calles". Matones con machetes se mueven por distintos lugares de la ciudad y estarían intentando sembrar el caos entre los ciudadanos. La plaza Tahrir fue ayer escenario de enfrentamientos, pero entre estos baltaguía, matones y los restos de manifestantes prodemócratas que seguían en la plaza. Varias personas resultaron heridas en la batalla a pedradas. El Ejército desmanteló después "con violencia" el campamento que aún quedaba en la glorieta del centro de la plaza, según ha denunciado Amnistía Internacional. Esta organización denunció de madrugada que algunos testigos afirmaban que el Ejército había permitido a los matones atacarles y que posteriormente más de 100 personas fueron detenidas. A los periodistas que lo presenciaron se les quitaron sus tarjetas de memoria de las cámaras.




Fuente: ElPais.com
Autor: Nuria Tesón / El Cairo
Fotografía: Uno de los fuegos que provocaron los enfrentamientos entre Coptos y musulmanes en la ciudad de El Cairo la noche de ayer / KHALED ALI - AFP

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IRLA y los líderes religiosos se oponen a la prohibición suiza de nuevos minaretes

Después de un voto nacional, se restringe la construcción de las torres de oración musulmanas

Los líderes adventistas de libertad religiosa dicen estar desilusionados por el voto que aprobó la prohibición de construir nuevos minaretes en Suiza.

La prohibición fue aprobada por el 57,5 de los votantes luego de un referéndum nacional apoyado por un partido de extrema derecha. Los otros tres principales partidos políticos y el gobierno se oponían al plan.

"Esta prohibición muestra cuánto falta hacer por la causa de la libertad religiosa aun en naciones como Suiza, que es una de las más libres del mundo", dijo John Graz, en una declaración como secretario general de la Asociación Internacional de Libertad Religiosa y director del Departamento de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista.

Se dice que otros grupos políticos pequeños de Dinamarca, Italia y Holanda estaría buscando prohibiciones similares.

Pero los líderes religiosos dicen que la prohibición restringe la libertad religiosa e injustamente apunta a un grupo religioso en particular.

Graz, que nació en Suiza, dijo que cuatro de los 26 cantones se opusieron al plan. En general, los habitantes de habla francesa se opusieron al plan, que fue apoyado por las zonas rurales de habla alemana.

Asimismo, los cantones que tienen mezquitas en su territorio estuvieron menos dispuestos a apoyar la prohibición.

Los defensores de la medida publicaron avisos que mostraban minaretes con apariencia de misiles que surgían de una bandera suiza, dijo Graz.

El aviso mostraba también una persona con el código de vestimenta conservador de los musulmanes, que incluye en velo. Una vocera de Amnesty International dijo al New York Times que casi el noventa por ciento de los 400.000 musulmanes de Suiza provienen de Kosovo y Turquía y no apoyan los códigos de vestimentas de países como Arabia Saudita.

El mismo periódico informó también que Suiza tiene unas ciento cincuenta mezquitas y salas de oración y cuatro minaretes. Se estaban planificando construir otros dos.


Fuente: ANN/ Adventist News Network

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Suiza dice 'no' a los minaretes o alminares

El 57.5% de la ciudadanía suiza expresó su acuerdo en prohibir la construcción de nuevos alminares dentro del país. Esta decisión en las urnas significa una modificación en el artículo 72 de la Constitución.

El Gobierno de Suiza, que se dijo en contra de la iniciativa, advierte que la decisión ciudadana de hoy "no es una negativa ni a la comunidad musulmana, ni a su religión, ni a su cultura".

El 57% de la ciudadanía aceptó la prohibición de construir nuevos alminares, según los resultados ya definitivos sobre el tema de votación este domingo en Suiza.

Apenas en cuatro cantones, de los 26 que tiene Suiza, fue rechazada la iniciativa popular impulsada por el partido Unión Democrática de Centro (UDC/derecha conservadora) y la Unión Democrática Federal (UDF/derecha religiosa).

Los precursores de la propuesta argumentaron que los alminares o minaretes no resultan indispensables para la práctica del islam, pero que constituyen más bien un símbolo de su propagación.

Amnistía Internacional, días antes de las votaciones de este domingo, adivirtió que la interdicción de construir nuevos minaretes impediría a Suiza respetar sus obligaciones en materia de libertad de religión.

Pero los promotores de la iniciativa revatieron que la construcción de minaretes no está protegida por la libertad de religión ya que éstos, "no tienen relevancia religiosa".

El Gobierno garantizará la libertad de culto

El Gobierno de Suiza expresó en un comunicado de prensa este domingo que respeta la decisión ciudadana: "Los cuatro alminares en pie actualmente se conservan. También las mezquitas pueden seguir siendo construidas. Las y los musulmanes en Suiza pueden profesar su creencia y practicarla en solitario o en común".

Cabe recordar que tanto el Ejecutivo como una mayoría del Legislativo se mostraron en contra de la iniciativa. A juicio de la ministra de Justicia y Policía, Eveline Widmer-Schlumpf, "los resultados de esta votación expresan, sin duda, los miedos e inseguridades existentes entre la población de que los pensamientos fundamentalistas islámicos pudiesen conducir al establecimiento de sociedades paralelas que se aíslen, que rechacen nuestras tradiciones estatales y que ignoren nuestro orden jurídico".

"Estos miedos deben observarse de forma seria, como lo ha hecho y lo seguirá haciendo el gobierno, aún cuando estima que la prohibición de erigir alminares no es el medio apropiado para luchar contra los extremistas islámicos".

La ministra suiza reitera además que la decisión ciudadana de hoy "no es una negativa ni a la comunidad musulmana, ni a su religión, ni a su cultura".

Asunto constitucional

El 'sí' ciudadano a esta iniciativa popular conlleva a una modificación constitucional.

El resultado a favor de esta iniciativa ha sido inesperado este domingo en Suiza. "Me sorprende mucho", indica Reinhard Schulze, especialista en Islam de la Universidad de Berna.

"El siguiente paso es seguro la cuestión de si esta modificación constitucional solicitada a través del voto popular corresponde al Derecho Internacional", agrega. El experto considera que habrá recursos en contra de esta prohibición que serán presentados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.

Justo en ese sentido se expresó el presidente del partido de Los Verdes, Ueli Leuenberger, al advertir que la medida resulta anticonstitucional: "Estudiaremos la posibilidad de recurrir ante la Corte de Estrasburgo para invalidarla".

Resultado sorpresivo

"Mi primera impresión es de sorpresa y sobre todo la decepción, pues se trata de una mala respuesta a una mala pregunta", opina Babacar Ba, representante de la Organización de la Conferencia Islámica, que reúne a 52 países musulmanes.

A su juicio, los resultados de esta iniciativa conduce "al extremismo y la intolerancia", según dijo Babacar Ba a swissinfo.ch desde Ginebra.

"Esta acción constituye una puerta abierta a un proceso peligroso del cuestionamiento de la libertad de credo en Suiza, país detentor de los Convenios de Ginebra, y que, justo por ello, debe asegurar su protección".

La Comisión contra el Racismo de Suiza advierte que la forma en que se desarrollo el debate en torno a los minaretes lastimó personalmente a aquellos que profesan la religión musulmana. "Debemos cuidar de que su libertad no sea más limitada y que no sean el blanco de nuevos ataques".

En Suiza, 400.000 personas (de más de 7 millones de habitantes) profesan el Islam, la tercera religión en importancia luego del protestantismo y el catolicismo.


Fuente: Swissinfo.ch

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El estado de los Derechos Humanos en el Mundo / Reporte 2009 Amnistía Internacional. Video

Vea la anterior entrada El estado de los Derechos Humanos en el Mundo / Reporte 2009 Amnistía Internacional. Con el prologo de dicho informe, escrito Irene Zubaida Khan, actual secretaria general de la organización para la defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional desde el 2001.

El Informe 2009 de Amnistía Internacional documenta la
 situación de los derechos humanos en 157 países y territorios
del mundo durante 2008.


Muestra un mundo en el que la inseguridad y la discriminación 
estructurales impiden que los avances conseguidos en las leyes
 se hagan realidad plenamente y en el que la igualdad y los
 derechos humanos siguen en el plano de las buenas intenciones,
 no en el de las buenas prácticas.

También dibuja un mundo en el
 que los Estados escogen a su antojo los derechos que están
 dispuestos a respetar y los que prefieren suprimir.
 El núcleo del libro es un estudio sobre los derechos humanos
 país por país, desde Afganistán hasta Zimbabue. Los artículos
 muestran de manera patente hasta qué punto son frágiles
(en el mejor de los casos) los avances conseguidos en la mejora
 de la vida de millones de personas cuando los Estados ignoran
 o reprimen alguno de los derechos consagrados en la
 Declaración Universal de Derechos Humanos.


En el transcurso de 2008, el mundo fue testigo, una y otra vez,
 de oleadas de protestas populares protagonizadas por personas
 hambrientas, excluidas y empobrecidas. En muchos casos,
la respuesta a estas protestas fue la represión y el uso excesivo 
de la fuerza: los gobiernos no estaban dispuestos a escuchar
la voz de la gente. Con este informe, Amnistía Internacional
 se suma a quienes alzan su voz contra la injusticia y la
 desigualdad, a quienes exigen con valentía un futuro
 en el que todas las personas sean libres e iguales
 en derechos y dignidad.

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El estado de los Derechos Humanos en el Mundo / Reporte 2009 Amnistía Internacional

PROLOGO. No se trata sólo de economía... es una crisis de Derechos Humanos. Por Irene Khan.

En septiembre de 2008 me encontraba en Nueva York para asistir a la reunión de alto nivel de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las metas acordadas por la comunidad internacional para reducir la pobreza antes de 2015. Una tras otra, las delegaciones hablaron de la necesidad de destinar más fondos para erradicar el hambre, para poner freno a las muertes evitables de bebés y mujeres embarazadas, para proporcionar agua no contaminada y condiciones de salubridad o para educar a las niñas. Estaban en juego la vida y la dignidad de miles de millones de personas, pero la voluntad de respaldar el discurso con dinero era muy limitada. Cuando salí del edificio de la ONU vi en las pantallas informativas una noticia muy diferente que llegaba de otra zona de Manhattan: el desplome de uno de los mayores bancos de inversión de Wall Street. Era una señal muy elocuente de dónde estaban concentrados realmente la atención y los recursos internacionales. En un abrir y cerrar de ojos, los gobiernos ricos y poderosos fueron capaces de reunir sumas muy superiores a las que no habían logrado encontrar para frenar la pobreza. Inyectaron dinero en abundancia a bancos en quiebra y a programas de estimulación de economías encalladas a las que se había permitido navegar sin rumbo durante años.

Al final de 2008 estaba claro que nuestro mundo de doble cara – privación y codicia, o el empobrecimiento de muchos para satisfacer la avaricia de unos pocos– se hundía en un agujero negro.

La recesión económica mundial reproduce el patrón del cambio climático: los ricos han causado la mayor parte de la destrucción, pero son los desfavorecidos quienes sufren las peores consecuencias. Aunque nadie está a salvo de la amarga punzada de la crisis económica, las cuitas de los países ricos no son nada comparadas con las calamidades que se ciernen sobre los más pobres. Desde los trabajadores migrantes en China hasta los mineros de Katanga, en la República Democrática del Congo, la gente que intenta desesperadamente salir de la pobreza se está llevando la peor parte. El Banco Mundial ha pronosticado que este año otros 53 millones de personas se verán abocadas a la pobreza, además de los 150 millones a quienes afectó la crisis alimentaria el año pasado, con lo que se esfuman los avances logrados en los últimos 10 años. Según las cifras de la Organización Internacional del Trabajo, entre 18 y 51 millones de personas podrían perder su empleo. Cada vez hay más hambre y enfermedades debido a la drástica subida de los precios de los alimentos, y más personas sin hogar y en la indigencia a causa de los desalojos forzosos y los embargos de bienes hipotecados.

Aún es demasiado pronto para predecir todos los efectos que tendrá en los derechos humanos el despilfarro de los últimos años, pero no hay duda de que la sombra que la crisis económica proyectará sobre estos derechos será alargada. También es patente que los gobiernos no sólo han renunciado a la regulación económica y financiera en favor de las fuerzas del mercado, sino que además han fracasado estrepitosamente a la hora de proteger los derechos humanos, la vida y el sustento de las personas.

Miles de millones de personas sufren inseguridad, injusticia y humillación. Estamos ante una crisis de derechos humanos.

La falta de comida, empleo, agua no contaminada, tierra y vivienda, junto con el aumento de la desigualdad y la inseguridad, la xenofobia y el racismo, la violencia y la represión, conforman una crisis mundial que requiere soluciones globales basadas en la cooperación internacional, los derechos humanos y el Estado de derecho. Por desgracia, los gobiernos poderosos están volviendo la mirada hacia sí mismos, tratando de atajar exclusivamente los problemas económicos y financieros en sus propios países y haciendo caso omiso de la crisis mundial que los rodea. Si en algún momento se plantean emprender acciones de ámbito internacional, se limitan a la economía y a las finanzas, con lo que reproducen los errores del pasado.

El mundo necesita un liderazgo diferente, un modelo distinto de política y también de economía, algo que funcione para todas las personas, y no únicamente para unos pocos privilegiados. Necesitamos líderes que propicien en los Estados el cambio de los ntereses propios nacionales y la estrechez de miras a la colaboración multilateral, para que las soluciones sean integradoras, completas, sostenibles y respetuosas con los derechos humanos. Debe ponerse fin a las alianzas forjadas entre gobiernos y empresas con afán de enriquecerse a expensas de los sectores marginados. Deben desaparecer los pactos de conveniencia que eximen a gobiernos abusivos de la rendición de cuentas.

Las múltiples caras de la desigualdad

Muchas voces expertas señalan que millones de personas han sido rescatadas de la pobreza gracias al crecimiento económico, pero lo cierto es que son muchas más las que siguen en la misma situación; los progresos han sido demasiado frágiles (tal como ha puesto de manifiesto la reciente crisis) y el coste en derechos humanos, demasiado elevado. En los últimos años, los derechos humanos se han visto relegados con demasiada frecuencia a un segundo plano, mientras el torbellino de la globalización salvaje generaba un crecimiento frenético. Las consecuencias son claras: aumento de la desigualdad, la privación, la marginación y la inseguridad; represión descarada e impune de las protestas; y una ausencia general de arrepentimiento y de rendición de cuentas entre los responsables de los abusos (gobiernos, grandes empresas e instituciones financieras internacionales). Las crecientes muestras de violencia y disturbios políticos se suman a la inseguridad mundial que ya existe a causa de los conflictos sangrientos que la comunidad internacional parece no poder o no querer resolver. Dicho de otro modo: caminamos sobre un polvorín de desigualdad, injusticia e inseguridad que está a punto de estallar.

Pese al crecimiento económico sostenible de muchas partes de África, millones de personas siguen viviendo bajo el umbral de la pobreza y luchan por satisfacer sus necesidades básicas. América Latina es posiblemente la región con más desigualdades del mundo, donde se niega a las comunidades indígenas y a otros grupos marginados de zonas rurales o urbanas el derecho a la atención médica, el agua no contaminada, la educación y una vivienda adecuada, a pesar del impresionante crecimiento de las economías nacionales. India emerge como gigante económico en Asia, pero todavía tiene que abordar las penurias que sufre su población urbana pobre o sus comunidades rurales marginadas. En China se ensancha aún más la brecha entre el nivel de vida de los trabajadores rurales y migrantes y las acomodadas clases urbanas.

Hoy en día, la población mundial es mayoritariamente urbana y más de mil millones de personas viven en barrios marginales. Es decir, uno de cada tres habitantes de las ciudades reside en asentamientos precarios con escaso o nulo acceso a servicios básicos, y bajo la amenaza diaria de la inseguridad, la violencia y los desalojos forzosos. El 60 por ciento de la población de Nairobi (Kenia) vive en barrios marginales: Kibera, el barrio marginal más grande de África, está habitado por un millón de personas. Por dar otro ejemplo, unos 150.000 camboyanos corren peligro de ser desalojados por la fuerza debido a disputas de tierras, apropiación de terrenos y proyectos de reurbanización de zonas agroindustriales y urbanas.

La desigualdad derivada de la globalización no es exclusiva de los países en desarrollo. Según muestra el informe publicado en octubre de 2008 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), también en los países industrializados «el crecimiento económico de los últimos decenios ha beneficiado más a los ricos que a los pobres». Estados Unidos, el país más rico del mundo, ocupa el puesto 27, de 30, en la clasificación por índice de pobreza endémica y aumento de la disparidad de ingresos de los miembros de la OCDE.

Desde los sectores urbanos desfavorecidos de las favelas de Río de Janeiro, en Brasil, hasta las comunidades romaníes de los países europeos, la cruda realidad es que mucha gente es pobre a causa de las políticas abiertas o solapadas de discriminación, marginación y exclusión adoptadas o toleradas por el Estado y aplicadas con la connivencia de empresas o actores privados. No es una mera coincidencia que gran parte de las personas pobres del mundo sean mujeres o migrantes, o pertenezcan a minorías étnicas o religiosas. Tampoco es casualidad que la mortalidad materna siga siendo una de las principales causas de muerte de nuestro tiempo, pese a que un gasto mínimo en atención obstétrica de urgencia salvaría la vida de cientos de miles de mujeres en edad de procrear.

Un ejemplo claro de la connivencia entre las empresas y el Estado para privar a las personas de sus tierras y recursos naturales y dejarlas sumidas en la pobreza es el caso de las comunidades indígenas. En Bolivia, muchas familias indígenas guaraníes de la región del Chaco viven en lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha descrito como estado de servidumbre análogo a la esclavitud. Por su parte, el relator especial de la ONU sobre los pueblos indígenas, tras su visita a Brasil en agosto de 2008, criticó la persistente discriminación que subyacía en la elaboración de políticas, la prestación de servicios y la administración de justicia relacionadas con las comunidades indígenas del país.

La desigualdad se extiende al propio sistema de justicia. Las instituciones financieras internacionales, deseosas de fortalecer la economía de mercado y fomentar la inversión de empresas extranjeras y actores privados, han financiado reformas jurídicas del sector comercial en varios países en desarrollo. Sin embargo, no se ha hecho un esfuerzo comparable para garantizar que las personas pobres pueden reivindicar sus derechos y buscar resarcimiento en los tribunales por las violaciones cometidas por gobiernos o empresas. Según la Comisión de la ONU para el Empoderamiento Jurídico de los Pobres, alrededor de dos tercios de la población mundial carecen de un acceso significativo a la justicia.

Las múltiples formas de inseguridad

Al coincidir diversos factores en un clima de recesión económica, es probable que aumente el número de personas que viven en la pobreza y que sufren abusos contra sus derechos humanos. En primer lugar, las políticas de ajuste estructural dirigidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta hace 10 años han debilitado las redes de seguridad social, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Estas políticas fueron concebidas para crear en el seno de los Estados unas condiciones que soportasen la economía de mercado y para abrir los mercados nacionales al comercio internacional. Condujeron a la promoción de un Estado mínimo en el que los gobiernos suprimieron sus obligaciones en materia de derechos económicos y sociales en beneficio del mercado. Además de invocar la liberalización económica, las políticas de ajuste estructural fomentaron la privatización de los servicios públicos, la desregulación de las relaciones laborales y la reducción de los mecanismos de seguridad social. El pago de tasas promovido por el Banco Mundial y el FMI en ámbitos como la educación y la atención médica a menudo pusieron estos servicios fuera del alcance de los sectores más pobres. Ahora, en un momento en que la economía está en la cuerda floja y el desempleo crece, son demasiadas las personas que sufren no sólo una pérdida de ingresos, sino también una inseguridad social al no existir mecanismos de bienestar que las respalden en tiempos difíciles.

Por otra parte, la inseguridad alimentaria mundial, pese a su gravedad, no atrae la suficiente atención de la comunidad internacional. Según la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO), casi mil millones de personas padecen hambre y desnutrición en el mundo. El hambre ha aumentado vertiginosamente debido a la escasez de alimentos originada por decenios de falta de inversión en agricultura; por las políticas comerciales que fomentan la competencia desleal mediante la bajada de precios con la consiguiente ruina de los agricultores locales; por el cambio climático, que conduce a una mayor carencia de agua y degradación del suelo; por la presión del aumento de la población; y por la subida de los costes de generación de energía y la repentina demanda masiva de biocombustibles.

En muchos lugares, la crisis alimentaria se ha visto agravada por la discriminación y la manipulación política de la distribución de alimentos, por la obstrucción de una ayuda humanitaria muy necesaria, o por la inseguridad y el conflicto armado, que han impedido el desarrollo de la agricultura o han negado a la población el acceso a los recursos necesarios para producir o comprar comida. En Zimbabue, donde cinco millones de personas dependían de la ayuda alimentaria al final de 2008, el gobierno usó la distribución de alimentos como arma contra sus opositores políticos. En Corea del Norte, las autoridades restringieron deliberadamente la ayuda alimentaria para reprimir y mantener hambrienta a la población. En Darfur, las tácticas contrainsurgentes de «tierra arrasada» emprendidas por las fuerzas armadas sudanesas y las milicias yanyawid, progubernamentales, destruyeron el sustento y acabaron con la vida de muchas personas. En Sri Lanka, la población civil desplazada y atrapada por el conflicto en el norte del país estuvo privada de alimentos y otra asistencia humanitaria porque el grupo armado Tigres de Liberación de Eelam Tamil impedía a la gente abandonar la zona y porque el ejército srilankés no permitía el pleno acceso a la zona de las organizaciones de ayuda. Posiblemente uno de los casos más escandalosos de vulneración del derecho a la alimentación en 2008 fue la negativa, durante tres semanas, de las autoridades de Myanmar a autorizar la ayuda internacional que necesitaban con urgencia 2,4 millones de supervivientes del ciclón «Nargis», incluso a pesar de que el gobierno desvió sus propios recursos para financiar un referéndum viciado sobre una Constitución aún más viciada.

A la subida de los precios de los alimentos hay que sumar el despido de cientos de miles de trabajadores migrantes o extranjeros a medida que las economías impulsadas por las exportaciones se ralentizan y dan paso al proteccionismo. Las remesas enviadas por los trabajadores extranjeros –que ascienden anualmente a unos 200.000 millones de dólares estadounidenses, el doble de la ayuda internacional al desarrollo– es una importante fuente de ingresos para varios países de renta media o baja como Bangladesh, Filipinas, Kenia o México. El descenso de las remesas supone menores ingresos para los gobiernos y, por tanto, menos fondos destinados a bienes y servicios básicos. Además, en algunos países, la caída de la exportación de mano de obra deja en los pueblos un panorama de hombres jóvenes desilusionados, airados y desocupados, que se convierten en presa fácil para la política extremista y la violencia.

Entre tanto, aunque el mercado de trabajo se contrae, la presión migratoria sigue aumentando, y los Estados receptores recurren a métodos cada vez más severos para mantener a los migrantes fuera de sus fronteras. En junio de 2008 visité el cementerio público de Tenerife, en las Islas Canarias, donde las tumbas no identificadas son testimonio mudo de los esfuerzos truncados de los migrantes africanos por entrar en España. Sólo en 2008, 67.000 personas emprendieron la peligrosa travesía por el Mediterráneo con rumbo a Europa, y no se sabe cuántas murieron durante el trayecto. Quienes consiguieron alcanzar Europa viven en la sombra, sin documentos de identidad, expuestos a la explotación y los abusos, y, desde la adopción en 2008 de la directiva de la Unión Europea (UE) sobre retornos de migrantes irregulares, se cierne sobre sus cabezas el peligro de una detención prolongada seguida de la expulsión.

Algunos Estados miembros de la UE, como España, han suscrito acuerdos bilaterales con países africanos para devolver a migrantes, o directamente para impedirles abandonar el lugar de partida. Mauritania, por ejemplo, ve en estos acuerdos una licencia para detener arbitrariamente, recluir en condiciones precarias y expulsar sin ningún remedio legal a un gran número de extranjeros que se encuentran en su territorio, sin que medien pruebas sobre la intención de estas personas de abandonar el país y a pesar incluso de que no es un delito salir de Mauritania de forma irregular.

A medida que aumenta el número de personas abocadas a unas condiciones cada vez más precarias, crecen las tensiones sociales. Uno de los ejemplos más crudos de violencia racista y xenófoba tuvo lugar en mayo en Sudáfrica, donde 60 personas perdieron la vida, 600 resultaron heridas y decenas de miles se vieron obligadas a desplazarse, pese a que otras tantas decenas de miles entraban en el país para huir de la violencia política y la miseria del vecino Zimbabue. Aunque las investigaciones oficiales no determinaron las causas de los ataques, es generalizada la opinión de que fueron motivados por la xenofobia y la competencia en el acceso al empleo, la vivienda y los servicios sociales, en una situación agravada por la corrupción.

La recuperación económica depende de la estabilidad política. Sin embargo, los mismos líderes que se afanan por componer programas de estimulación destinados a resucitar la economía mundial siguen ignorando los conflictos sangrientos de diversos lugares del planeta que generan abusos masivos contra los derechos humanos, agudizan la pobreza y ponen en peligro la estabilidad regional.

Las condiciones económicas y sociales de Gaza, sitiada y sacudida or los bombardeos militares, son desoladoras. Las secuelas políticas y económicas del conflicto de Israel y los Territorios Palestinos Ocupados se hacen sentir mucho más allá de sus fronteras.

Los conflictos de Darfur y Somalia se libran en zonas con ecosistemas frágiles, donde la creciente dificultad de conseguir agua o proporcionar alimentos para mantener a la población son al mismo tiempo causa y consecuencia de las continuas guerras. El desplazamiento masivo que han originado ha saturado la capacidad de los países vecinos, que ahora tienen que lidiar además con los efectos de la crisis económica mundial.

En el este de la República Democrática del Congo, la codicia, la corrupción y los intereses económicos, en competición con los juegos políticos de poder en la región, han empobrecido a la población y la han atrapado en un círculo vicioso de violencia. Los esfuerzos de reconstrucción y recuperación de este país inmensamente rico en recursos naturales se retrasan debido a la disminución de la inversión extranjera a raíz del declive económico.

En Afganistán, la omnipresente inseguridad ha limitado el acceso de la población –especialmente las mujeres y las niñas–, a alimentos, atención médica y educación. La inseguridad se ha propagado al vecino Pakistán, que ya sufre los efectos de la incapacidad del gobierno para cumplir y hacer cumplir los derechos humanos y atajar la pobreza y el desempleo de la juventud, y está arrastrando al país a una espiral de violencia extremista.

Si alguna lección hemos de aprender de esta crisis económica es que las fronteras entre países no nos aíslan de los daños. Encontrar soluciones a los peores conflictos del planeta y a la creciente amenaza de la violencia extremista mediante un mayor respeto por los derechos humanos es una pieza clave que debe encajar en el objetivo más amplio de reactivar la economía mundial.
De la recesión a la represión

Por una parte, nos acecha el peligro de que el aumento de la pobreza y las pésimas condiciones económicas y sociales desemboquen en inestabilidad política y violencia generalizada. Por otra, puede ocurrir que la recesión vaya acompañada de una mayor represión si los gobiernos afectados (especialmente aquellos con inclinaciones autoritarias) deciden tomar medidas drásticas contra la disidencia, las críticas, y la exposición pública de la corrupción y la mala gestión económica.

En 2008 vivimos el anticipo de lo que cabe esperar de 2009 en adelante. Cuando la gente se echó a la calle para protestar por la subida del precio de los alimentos y la nefasta situación económica, en muchos países se respondió con dureza incluso a las manifestaciones pacíficas. En Túnez, las huelgas y las protestas se reprimieron con una fuerza que causó dos muertes, numerosas heridas y más de 200 procesamientos –algunos de ellos coronados con largas penas de prisión– contra los presuntos organizadores. En Zimbabue se atacó, secuestró, detuvo y mató con impunidad a opositores políticos, activistas de derechos humanos y representantes sindicales. En Camerún, tras unas violentas protestas, al menos un centenar de manifestantes murieron por disparos y muchos más fueron encarcelados.

En época de dificultades económicas y tensiones políticas, son necesarias la apertura y la tolerancia para que el descontento y el malestar puedan canalizarse hacia el diálogo constructivo y la búsqueda de soluciones. Sin embargo, es precisamente en esta coyuntura cuando el espacio reservado para la sociedad civil está menguando en muchos países. En todas las regiones del mundo se hostiga, se amenaza, se ataca, se procesa injustificadamente o se mata con impunidad a activistas de derechos humanos, periodistas, profesionales de la abogacía, sindicalistas y otros líderes de la sociedad civil.

A medida que los gobiernos tratan de sofocar las críticas a sus políticas, suele aumentar la censura mediática, que se suma a las amenazas que ya reciben los periodistas en muchos países. Sri Lanka tiene uno de los peores historiales a este respecto, pues desde 2006 se han cometido 14 homicidios de periodistas en el país. Irán ha restringido la libertad de expresión en Internet y tanto en Egipto como en Siria se ha encarcelado a autores de blogs. China relajó el control sobre los medios de comunicación en el periodo previo a la celebración de los Juegos Olímpicos, pero pronto retomó sus viejos hábitos de bloquear sitios web y ejercer otras formas de censura. El gobierno de Malaisia prohibió la publicación de dos destacados periódicos de la oposición, pues temía las críticas que pudiera recibir antes de las elecciones.

La apertura de los mercados no ha dado lugar necesariamente a sociedades más abiertas. En los últimos años, el gobierno ruso, envalentonado por el poderío económico que le proporcionaban los elevados precios del gas y del petróleo, ha ido adoptando una postura cada vez más nacionalista y autoritaria y ha tratado activamente de socavar la libertad de expresión y atacar a sus críticos. Ahora que la economía rusa pasa por dificultades por la caída de los precios del petróleo y el aumento de la inflación, y el malestar social se extiende, la tendencia autoritaria podría acentuarse todavía más.

China sigue reprimiendo con mano férrea a quienes critican sus políticas y prácticas oficiales. Así, la corrupción oficial y las malas prácticas empresariales no se atajan hasta que estalla el escándalo y se han causado grandes daños, como ocurrió hace unos años con la alarma de la gripe aviar y el síndrome respiratorio agudo y grave, o la epidemia del VIH/sida, y, más recientemente, con el caso de la melamina en productos que contenían leche en polvo. Las autoridades chinas han reaccionado ejecutando en actos de resonancia a las personas declaradas culpables de corrupción, pero poco o nada han hecho para cambiar la conducta de las empresas o del aparato estatal del país.

Contar con una ciudadanía informada y empoderada para pedir que se rindan cuentas es una forma mucho más útil de garantizar que los gobiernos y las empresas hacen bien su trabajo. La libertad es un activo que se debe fomentar, no reprimir, en un momento en que los gobiernos intentan estimular la economía.

Un nuevo modelo de liderazgo

La penuria, la desigualdad, la injusticia, la inseguridad y la opresión son sellos distintivos de la pobreza. Constituyen, sin lugar a dudas, problemas de derechos humanos que no remitirán si únicamente se toman medidas económicas. Por el contrario, requieren una voluntad política fuerte y una respuesta integral que tenga en cuenta los aspectos políticos, económicos, sociales y medioambientales en un marco englobador de derechos humanos y Estado de derecho. Precisan de una acción colectiva y de un nuevo modelo de liderazgo.

La globalización económica ha provocado un cambio en la balanza del poder geopolítico, y una nueva generación de Estados, bajo la forma del G-20, reclama su lugar en el liderazgo mundial. El Grupo de los 20 –compuesto por China, India, Brasil, Sudáfrica y otras economías emergentes del Sur global, así como por Rusia, Estados Unidos y destacadas potencias económicas occidentales– afirma ser una representación más exacta del poder político y del peso económico del mundo actual. Tal vez sea así, pero para convertirse en verdaderos líderes mundiales, los Estados miembros del G-20 deben abrazar los valores universales y enfrentarse a su propia y turbia trayectoria y a su doble moral en relación con los derechos humanos.

Es cierto que el nuevo gobierno de Estados Unidos está marcando un rumbo muy diferente al de George W. Bush en materia de derechos humanos. La decisión de Barack Obama, a las 48 horas de asumir la presidencia, de cerrar el centro de detención de Guantánamo en un plazo de un año, denunciar de forma inequívoca la tortura y poner fin a las prácticas de detención secreta de la CIA, es digna de alabanza, al igual que lo es la decisión del nuevo gobierno de presentar a Estados Unidos a las elecciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, es pronto para saber si este gobierno pedirá respeto por los derechos humanos a países como Israel o China con la misma franqueza y vehemencia con que se lo exige a otros como Irán o Sudán.

La Unión Europea sigue manteniendo una postura ambivalente respecto a su compromiso con los derechos humanos. Aunque se muestra firme en cuestiones como la abolición de la pena de muerte, la libertad de expresión y la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos, muchos países miembros de la UE están menos dispuestos a cumplir las normas internacionales sobre protección de personas refugiadas y eliminación del racismo y la discriminación dentro de su territorio, o a admitir su connivencia con la CIA en las entregas extraordinarias de personas sospechosas de terrorismo.

Brasil y México son firmes partidarios de los derechos humanos en la esfera internacional pero, lamentablemente, a menudo descuidan dentro de sus fronteras lo que predican en el exterior. Sudáfrica ha bloqueado repetidamente las decisiones de la comunidad internacional de presionar al gobierno de Zimbabue para que ponga fin a la persecución política y a la manipulación electoral. Arabia Saudí detiene a miles de personas sospechosas de terrorismo sin juicio, recluye a disidentes políticos y restringe gravemente los derechos de los trabajadores migrantes y de las mujeres. China tiene un sistema de justicia penal muy deficiente, aplica formas punitivas de detención administrativa para acallar las críticas y es el país que más ejecuciones lleva a cabo en el mundo. El gobierno de Rusia ha permitido la detención arbitraria, la tortura y otros malos tratos, así como la proliferación impune de las ejecuciones extrajudiciales en las regiones rusas del Cáucaso Septentrional, y amenaza a quienes se atreven a criticarlo.

Los gobiernos del G-20 tienen la obligación de respetar y defender las normas internacionales de derechos humanos a las que se ha adherido la comunidad internacional. Si no lo hacen, socavarán su propia credibilidad, legitimidad y eficacia. Su meta es encontrar una salida a la crisis económica mundial, y afirman que sus esfuerzos también beneficiarán a las personas que viven en la pobreza, pero ninguna recuperación económica será sostenible ni equitativa si no presta especial atención a los derechos humanos.

Quienes deciden los destinos del mundo deben predicar con el ejemplo. Un buen comienzo para los miembros del G-20 sería que afirmasen claramente que todos los derechos humanos –económicos, sociales y culturales, civiles y políticos– tienen la misma importancia. Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha negado la validez de los derechos económicos y sociales y no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el otro extremo, China no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ambos países deben adherirse de inmediato a los respectivos tratados. Asimismo, todos los miembros del G-20 han de ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2008. No obstante, suscribir estos tratados internacionales es sólo un paso en lo que está por hacer.

Nuevas oportunidades de cambio

La pobreza en el mundo, exacerbada por la coyuntura económica, ha propiciado la formación de una plataforma que reclama vivamente un cambio en los derechos humanos. Al mismo tiempo, la crisis económica ha alumbrado un cambio de paradigma que abre oportunidades a las transformaciones sistémicas.

En los últimos 20 años, el Estado se ha ido retirando o ha renunciado a sus obligaciones de derechos humanos en favor del mercado, creyendo que el crecimiento económico reflotaría cualquier barco. Ahora que la marea está bajando y las naves empiezan a hacer agua, los gobiernos están cambiando radicalmente sus posiciones y hablan de una nueva arquitectura económica mundial y de un sistema internacional de gobernanza en el que el Estado tiene más protagonismo. Este cambio ofrece la oportunidad de frenar también la retirada del Estado de la esfera social y de rediseñar un modelo de Estado más cercano a los derechos humanos que el que ha caracterizado la forma de hacer política de los últimos 20 años. Asimismo, deja la puerta abierta para replantearse por completo la función de las instituciones financieras internacionales en relación con el respeto, la protección y la realización de los derechos humanos, incluidos los económicos y sociales.

Los gobiernos deben invertir en derechos humanos con la misma determinación con la que invierten en crecimiento económico. Deben ampliar y apoyar las oportunidades en materia educativa y de salud; deben acabar con la discriminación; deben empoderar a las mujeres; deben fijar normas universales y sistemas eficaces para hacer rendir cuentas a las empresas por sus abusos contra los derechos humanos; y deben construir sociedades abiertas donde se respete el Estado de derecho, la cohesión social sea robusta, se erradique la corrupción y el gobierno rinda cuentas de sus actos. La crisis económica no puede servir de pretexto a los países más ricos para recortar su ayuda al desarrollo. La asistencia internacional es si cabe más importante ahora, durante el declive económico, para que los países más pobres puedan prestar los servicios básicos de salud, educación, salubridad y vivienda.

Asimismo, los gobiernos deben trabajar conjuntamente para resolver los conflictos sangrientos. Al estar todo interrelacionado, ignorar una crisis para concentrarse en otra es la receta perfecta para agravar las dos.

¿Aprovecharán los gobiernos estas oportunidades para fortalecer los derechos humanos? ¿Asumirán y cumplirán las empresas y las instituciones financieras internacionales sus responsabilidades en materia de derechos humanos? Hasta ahora, los derechos humanos apenas se han dejado ver en los diagnósticos y recetas propuestos por la comunidad internacional.

La Historia muestra que la mayoría de las luchas por lograr grandes cambios –como la abolición de la esclavitud o la emancipación de las mujeres– no comenzó a iniciativa de los Estados, sino por el empeño de personas de a pie. Los logros obtenidos en el establecimiento de un sistema internacional de justicia, en el control del comercio de armas, en la abolición de la pena de muerte, en la erradicación de la violencia contra las mujeres o en el protagonismo de la pobreza y el cambio climático en la agenda internacional se deben en gran medida a la energía, la creatividad y la perseverancia de millones de activistas en todo el mundo.

Debemos recurrir al poder de la gente para presionar a nuestros líderes políticos. Por eso, Amnistía Internacional, junto con numerosos socios locales, nacionales e internacionales, lanza en 2009 una nueva campaña. Con el lema «Exige Dignidad» movilizaremos a las personas para que pidan a los actores nacionales e internacionales que rindan cuentas por los abusos contra los derechos humanos que generan o agudizan la pobreza. Cuestionaremos leyes, políticas y prácticas discriminatorias y pediremos la adopción de medidas concretas para superar los factores que empobrecen y mantienen a las personas en la indigencia. Con el fin de erradicar la pobreza, llevaremos al centro del debate las voces de los más desfavorecidos e insistiremos en que se les permita participar activamente en las decisiones que les afectan.

Hace casi 50 años, Amnistía Internacional nació para pedir la liberación de los presos de conciencia. Hoy «exigimos dignidad» también para los presos de la pobreza, para que puedan cambiar sus vidas. Tengo la certeza de que, con la ayuda y el apoyo de nuestros millones de miembros, simpatizantes y entidades asociadas de todo el mundo, lo conseguiremos


Fuente: El estado de los Derechos Humanos en el Mundo / Reporte 2009 Amnistía Internacional
Autor: Irene Zubaida Khan (Bangladesh, 1956-). Es la séptima y actual secretaria general de la organización para la defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional desde el 2001 (siendo la primera mujer, musulmana y asiática). Estudió derecho en la Universidad de Manchester y en la Facultad de Derecho de Harvard, se especializó en derecho internacional público y en derechos humanos. Ha recibido varios premios académicos, un título de la Fundación Ford, el Premio Pilkington 2002 a la Mujer del Año y el premio por la paz Sydney 2006 (Sydney Peace Prize). En 1977 ayudó a fundar la organización para el desarrollo Concern Universal, y en 1979 comenzó su labor como activista de derechos humanos en la Comisión Internacional de Juristas. Se incorporó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 1980 donde ocupó diversos puestos en la oficina central y en operaciones sobre el terreno para promover la protección internacional de los refugiados. Entre 1991 y 1995, fue primera responsable ejecutiva de Sadako Ogata, alta comisionada de la ONU para los Refugiados. Fue nombrada jefa de misión del ACNUR en la India en 1995, siendo la representante de país del ACNUR más joven en aquel momento, y en 1998 dirigió el Centro de Investigación y Documentación del ACNUR. Encabezó el equipo del ACNUR en la ex República Yugoslava de Macedonia durante la crisis de Kosovo en 1999, y ese mismo año fue nombrada directora adjunta de Protección Internacional.

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BEIJING 2008. ¿Sabes a qué se juega en China?

Mientras el mundo disfruta de la inauguracion de los Juegos Olímpicos en Beijing, y aguarda con expectativa el desarrollo de estos juegos... hay otra realidad en juego que el deporte no puede tapar... es la violacion de los Derechos Humanos en China. Previamente Aministia Internacional lanzo una campaña con unas impactantes imágenes sobre los Derechos Humanos en China ( la la agencia publicitaria responsable fue MUW Saatchi & Saatchi ).

Usando los aros olímpicos y tomando como referencia las disciplinas de tiro, boxeo y lucha; denuncian al mundo las brutalidades que se siguen cometiendo en esté país.

Amnistia Internacional sumo a ello una Carta abierta a su Presidente Hu Jintao.

Excelentísimo Señor:

Cuando queda un mes para que comiencen los tan esperados XXIX Juegos Olímpicos en Pekín, le pido que adopte cinco medidas para el “desarrollo de los derechos humanos” al que se comprometió el Comité de la Candidatura Olímpica de Pekín en 2001. En el último año, Amnistía Internacional ha reunido cientos de miles de voces de todo el mundo que se han hecho eco de esta petición. Me uno a ellas para instarle a que aproveche esta oportunidad histórica para actuar.

Amnistía Internacional reconoce los esfuerzos que ha hecho el gobierno chino para abordar algunas cuestiones relativas a los derechos humanos que constituyen motivo de preocupación desde hace tiempo. Me alienta sobre todo el evidente progreso en la reducción del uso de la pena de muerte a través del proceso de revisión del Tribunal Supremo Popular. También aprecio las recientes declaraciones de varias autoridades chinas, como las del presidente de la judicatura, Xiao Yang, en el sentido de que China sigue la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte. Amnistía Internacional expresa asimismo su satisfacción ante la noticia de la puesta en libertad de 1.157 personas detenidas en relación con las protestas que hubo en las zonas de China pobladas por tibetanos el pasado mes de marzo. El compromiso oficial con una “libertad completa de los medios de comunicación” y las normas para los periodistas extranjeros representan otro paso hacia delante para convertir en realidad una mayor libertad de expresión para los periodistas.

No obstante todo ello, la preparación para los Juegos Olímpicos ha tenido un impacto negativo real en algunas áreas de los derechos humanos. Continúa la persecución oficial de los activistas de derechos humanos, sobre todo de quienes relacionan las violaciones de estos derechos que se cometen en la actualidad con el hecho de que China sea anfitriona de los Juegos Olímpicos, como Ye Guozhu, Hu Jia y Yang Chunlin, que cumplen penas de prisión sólo por haber expresado pacíficamente sus opiniones. La “limpieza” de Pekín mediante el uso generalizado de la reeducación por el trabajo es un hecho preocupante, sobre todo porque hace caso omiso de las peticiones desde el interior del país de que se reforme este sistema arbitrario de reclusión.

Amnistía Internacional le pide, por tanto, que aproveche la oportunidad de los Juegos Olímpicos para poner en práctica las siguientes cinco recomendaciones —que cuentan con el apoyo de muchas personas dentro y fuera de China— antes de que se inauguren los Juegos:

Poner en libertad de todos los presos de conciencia, incluidos Ye Guozhu, Hu Jia, Yang Chunlin y cualquier otra persona detenida en relación con la celebración de los Juegos Olímpicos en China sólo por expresar pacíficamente sus opiniones;

Impedir que la policía detenga arbitrariamente a personas que organizan y firman peticiones, activistas de derechos humanos y otras personas como parte de la “limpieza” previa a los Juegos Olímpicos;

Publicar estadísticas nacionales completas sobre la pena de muerte, comprometerse con una reducción del número de delitos punibles con la pena capital —sobre todo de delitos no violentos— e introducir una suspensión de las ejecuciones con arreglo a la resolución 62/149 adoptada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 2007;


Permitir pleno acceso y libertad para informar, tanto a los periodistas chinos como a los extranjeros, a todas las regiones de China, conforme a las promesas de “libertad completa para los medios de comunicación” realizadas en el periodo previo a los Juegos Olímpicos;

Responder de todas las personas que han perdido la vida o fueron detenidas tras las protestas de marzo de 2008 en el Tíbet, y en concreto de las 116 personas que, según reconocen las fuentes oficiales, siguen bajo custodia, y garantizar que las personas detenidas por su participación en protestas pacíficas son puestas en libertad y que las demás reciben un juicio justo.

Creo que la aplicación de estos cinco puntos representará un gran paso hacia delante para que los Juegos Olímpicos sean recordados no sólo por los logros en el ámbito deportivo, sino también en el de los derechos humanos.

Atentamente,

Irene Khan
Secretaria General

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