Aumenta la intolerancia racial en EE.UU

Por Obama y la crisis: negros y latinos, objeto de ataques.

Alimentados en parte por la llegada a la Casa Blanca de Barack Obama y el rechazo a la inmigración latina, a raíz de una lucha que consideran desleal por los puestos de trabajo en plena crisis económica, los grupos racistas en EE.UU. han crecido en el último año, según advirtió una reconocida ONG que lucha contra la discriminación racial.

De 888 grupos que había en 2007 se pasó a 926, lo que representa un incremento de más del 4 por ciento y un considerable aumento desde el año 2000, cuando había registradas 602 asociaciones racistas, revela el último informe de Southern Poverty Law Center.

Además de los ataques a la población negra, esas organizaciones han centrado su ira contra los latinos. Ese creciente resentimiento es respaldado por las estadísticas de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), que indican que en los últimos cinco años aumentaron en un 40% los ataques raciales contra latinos.

Dos hechos recientes de ataques a latinoamericanos causaron estupor en Estados Unidos. En uno de ellos, un ecuatoriano, José Sucuzhanay, fue asesinado tras ser golpeado con un bate de aluminio en diciembre pasado en Nueva York. Un mes antes, siete adolescentes de Long Island fueron acusados de homicidio por la muerte a puñaladas de otro inmigrante ecuatoriano, Marcelo Lucero.

Los negros y los latinos constituyen, por lo tanto, el objetivo de un odio declarado.

"La elección de Barack Obama ha enardecido a los extremistas racistas, que lo ven como otro signo de que su país está siendo asediado por personas de color", destacó en el informe Mark Potok, investigador del Southern Poverty Law Center -organismo creado en 1971- y editor del documento.

"En los últimos años, casi todo el crecimiento de los grupos racistas estuvo empujado por la explotación del debate migratorio y la resistencia a los latinos, pero en los últimos ocho meses hemos visto que la campaña de Obama se convirtió en otro de los pilares de ataque y base de reclutamiento para los supremacistas", explicó Potok a LA NACION.

Uno de los hechos que más llamaron la atención fue la reacción de estos sectores los dos días inmediatamente posteriores a la elección de Obama como presidente, el 4 de noviembre. Dos de las principales páginas de Internet de grupos racistas -Stormfront.org y el Council of Conservative Citizens- colapsaron ante la enorme cantidad de visitas que registraron.

Desde entonces, no sólo aparecieron nuevos grupos antes no conocidos, sino que aumentaron también las actividades de los ya establecidos a través de mítines, distribución de literatura y presencia en sitios de Internet como Facebook y MySpace, en los que condenan al "presidente Obongo".

"A partir de julio del año pasado se empezó a notar que varios líderes de grupos racistas comentaban que sería bueno que Obama fuese elegido presidente, porque tener a un negro en la Casa Blanca sorprendería a la población blanca, que, espantada, buscaría asociarse a los grupos supremacistas blancos", destacó Potok.

Atentados

En agosto, tres adictos a las metanfetaminas que estaban armados fueron detenidos en Denver, Colorado, cuando planeaban atentar contra el entonces candidato presidencial demócrata. Poco después, en octubre, dos skinheads fueron arrestados en Jackson, Tennessee, por planificar el asesinato del mandatario y la masacre de 88 estudiantes negros en una escuela. Y, desde entonces, Obama se ha convertido en el presidente que más amenazas ha recibido, de acuerdo con datos del Servicio Secreto.

"Todas ésas son evidencias de que hay gente que está muy descontenta y se está movilizando. Está claro que no vivimos en un Estados Unidos postracial sólo por el hecho de que tenemos un presidente negro", subrayó Potok.

Y la crisis económica no ha hecho más que profundizar el odio de estos grupos, que culpan a los latinos y los negros por el debilitamiento del país.

Muchos afirman que la debacle hipotecaria fue causada por la cantidad de inmigrantes indocumentados que tuvieron acceso a créditos sin respaldo, y que los estadounidenses blancos están perdiendo sus empleos por la mano de obra barata que ofrecen los trabajadores mexicanos.

Los grupos de odio que más han crecido en el último año son aquellos que identifican su ideología con el , (pasaron de 155 asociaciones a 186 en todo el país), seguidos por los neonazis (de 207 a 194) y los skinheads (de 90 a 98). El peligro, según el Southern Poverty Law Center, es que ahora los racistas comiencen a radicalizarse y se llegue a casos de terrorismo interno.

En la última década, muchos de estos grupos de odio se refugiaron bajo el paraguas del Partido Republicano, pero éste, tras su derrota electoral, ha buscado alejarse de las posiciones más extremas, para abrirse a las minorías y fortalecerse. Así, los elementos racistas están siendo empujados fuera del partido, que era su único contacto con el poder real.

"Cuanto más marginados se sientan, los grupos racistas tenderán a radicalizar más sus posturas. Estamos entonces frente a un panorama preocupante", advirtió Potok, quien no descartó un aumento en la cantidad y la calidad de los ataques motivados por el odio racial.

Fuente: La Nación.com
Autor: Alberto Armendariz para La Nacion / Nueva York
Fotografia: CBS news / Immigration Fueling White Supremacists. Study: Ku Klux Klan And Neo-Nazis Are Gaining Members As Immigrants Become More Visible

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Genealogía de la tortura. Por Lluís Bassets

A pesar de Bush, el presidente que quiso legalizar la tortura, ésta tiene pocas raíces en la tradición penal norteamericana. De ahí las curiosas argumentaciones que vemos esos días sobre los orígenes de determinadas técnicas para arrancar confesiones, que el grueso de los neocons se empeñan en considerar como meros interrogatorios especiales, diseñados para tratar con los terroristas más peligrosos. Según estas teorías, los tormentos que se aplican para sonsacar la verdad a los sospechosos de terrorismo se inspiraron en los utilizados por los interrogadores comunistas chinos con los prisioneros americanos durante la guerra de Corea. A partir de estas experiencias, el ejército norteamericano incorporó, al parecer, un entrenamiento destinado a preparar a los soldados a superar estas torturas sin proporcionar información al enemigo, los llamados SERE (Survival, Evasion, Resistence, Escape programe).

Es realmente increíble que alguien pueda sostener sin ruborizarse que insultar a los prisioneros, someterlos al waterboarding ("submarino" ahogamiento a intervalos por agua), obligarles a permanecer desnudos, mantenerles en posiciones forzadas e incómodas durante largo tiempo, el aislamiento prolongado, la privación de sueño, la humillación sexual y los ejercicios exhaustivos, no son formas de tortura. Todo esto es lo que se les hace a los soldados, marines en concreto, que siguen este tipo de entrenamiento SERE. El objetivo es incrementar su resistencia, sobre todo física; pero no es lo mismo aplicar estos tormentos repugnantes a los propios soldados que hacerlo con un enemigo al que se quiere extraer información. Siendo un atentado contra la dignidad y los derechos de las personas en los dos casos, en el segundo es mucho más grave, pues quien los sufre desconoce cuáles son los límites hasta dónde puede llegar el interrogatorio y se halla totalmente a merced de sus interrogadores. A la hora de defender la legalidad de estos tormentos, Donald Rumsfeld, secretario de defensa con Bush, llegó a decir que no se entendería que los terroristas recibieran un trato mejor que el que se les da a los marines norteamericanos en los entrenamientos.

Ésta no es la única teoría acerca de los orígenes de la tortura, ni la única que se inspira en la teoría del mimetismo norteamericano. Respecto al waterboarding, tormento consistente en ahogar al prisionero tirando agua sobre su rostro tapado con una toalla o dentro de la boca con un embudo, se ha documentado que el ejército norteamericano lo aprendió en Filipinas hace cien años, donde era utilizado por los españoles desde los tiempos de la Inquisición. En todas estas especulaciones, que contienen sin lugar a dudas algún fundamento, hay una especie de tópico subyacente: que de la nación excepcional que es Estados Unidos no puede salir algo intrínsecamente perverso, lo que no es el caso del negro imperio español o del siniestro mundo comunista. El mal originado primero en el mayor enemigo del siglo XIX y luego en el del siglo XX se habría colado así en el imperio del bien, por el mimetismo suscitado al entrar en contacto para combatirlo.

Este cuento maniqueo, implícito en algunas explicaciones que se han oído estos días, tiene la ventaja de que también vale para nuestros tiempos: el deslizamiento de los Bush y sus neocons se explicaría así por la contaminación del terrorismo de Al Qaeda. De ahí que sólo hay una forma actualmente para disociar claramente la tradición penal norteamericana de la legalización de las torturas, y ésta es que ahora, después de su tajante prohibición presidencial, quienes intentaron legalizarla, ordenaron su aplicación y la pusieron en práctica sean sometidos a la acción de la justicia.

Obama parece estar dispuesto a dejar el camino expedito para que así suceda, aunque no quiere manifestar entusiasmo alguno y desea excluir de las responsabilidades a los agentes que realizaron los interrogatorios, para centrar la petición de responsabilidades a los políticos que dieron las órdenes y a los juristas que firmaron dictámenes autorizándolas como legales. Su posición, más pragmática que ideológica, se debe a conveniencias políticas: no quiere enemistarse con la CIA ni aparecer como el inquisidor que armó una causa general contra Bush. Pero no lo tiene fácil: incluso los torturadores saben que no pueden acogerse a la obediencia debida, concepto excluido como eximente en la tradición jurídica que empezó en Nuremberg, y que su única defensa sólida se centra precisamente en argumentar, por increíble que parezca, que todos estos tormentos son técnicas perfectamente normales y legales, de forma que a un interrogador no puede pasarle por la cabeza que está realizando una acción execrable y prohibida por la legislación norteamericana e internacional.

El debate perverso sobre los límites de la tortura, que empezó precisamente cuando Bush declaró la Guerra Global contra el Terror, todavía no ha terminado y va a magnetizar de nuevo la vida política de Washington, en este caso para desmontar la construcción heredada y arrancar esas raíces que ya han prendido en la tradición jurídica norteamericana.

Fuente: "De Alfiler al Elefante" - ElPaís.com
Autor: Lluís Bassets es periodista. Director adjunto de EL PAÍS. Se ocupa de las páginas y artículos de Opinión. Encontrara muchos artículos mas en ENTENDIENDO LOS TIEMPOS, es tato lógico"

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El debate capital. La pena de muerte en los EE.UU. y el mundo

Casi 4.000 años después del Código de Hammurabi, que proponía castigar el delito “ojo por ojo, diente por diente”, algunos argentinos célebres, en consonancia con la crispación social por la ola de inseguridad, favorecen la aplicación de la pena capital, abierta o tácitamente. En el siglo XX, 106 países la abolieron.

Cuando Dawinder Sidhu, catedrático de las universidades estadounidenses George Washington y John Hopkins, se propuso discutir los argumentos de su colega de Harvard Hugo Bedau contra la pena de muerte, comenzó describiendo la larga tradición que el castigo capital tiene en Estados Unidos, a su vez herencia de la legislación británica en las colonias americanas. En un ensayo de cincuenta páginas titulado “La muerte como castigo. Un análisis sobre ocho argumentos contra la pena de muerte”, retrocedió a los tiempos de Enrique VIII, cuando el reinado de la pena de muerte terminó en 72.000 ejecuciones, incluyendo ahorcamientos, gente hervida y otra quemada. Por entonces existían en Inglaterra 222 razones para el asesinato estatal premeditado: desde la falsificación y la traición hasta casarse con un judío o cortar un árbol que tuviera dueño.

Quinientos años después de Enrique VIII, 3.700 después del Código de Hammurabi, un puñado de famosos argentinos propone volver a los tiempos de la mutilación y el ojo por ojo en un mundo donde 106 naciones abolieron la pena de muerte y otras 30 la suspendieron. Según el mapa que actualiza la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, un tercio de los 64 países que aún la mantiene en vigencia pertenece al Medio Oriente y África del Norte. En China también rige la pena capital. En Estados Unidos aún existe en la mayoría de los Estados, pero cada vez se aplica menos y cada vez más Estados optan por la moratoria o la abolición.

Por tratarse de “la mayor democracia de Occidente”, por su omnipresencia global, por tantas películas que muestran ejecuciones, por sus asesinos seriales o por los que hacen cola esperando la hora final, cuando en la Argentina se debate la pena de muerte las miradas se dirigen a los Estados Unidos. Cuenta Dawinder Sidhu en el artículo mencionado que en los tiempos de los linchamientos del Lejano Oeste, que coinciden más o menos con los inicios de la quema “orgánica” de negros a manos del Ku Klux Klan, comenzaron a aprobarse en Estados Unidos las primeras leyes dedicadas a evitar que la pena de muerte funcionara como un espectáculo público al que concurrían centenares de personas. En 1897 comenzó a reducirse el número de crímenes penados y en 1917 los primeros diez Estados abolieron la pena capital (Michigan había sido pionero, en 1846). Desde siempre, la historia de la aplicación de la pena de muerte en EE.UU. tuvo vaivenes, a veces verificables en distintos fallos de la Corte Suprema.

En Gran Bretaña, la pena de muerte se abolió en 1971 (excepto en casos de traición). En Francia, donde se usaba la guillotina, se terminó en 1981. En Canadá, en 1976. Un síntoma de que la pena de muerte es inherente a la cultura profunda de Estados Unidos lo marca el hecho de que la consultora Gallup comenzó a medir su popularidad desde 1937. Alguna vez esa popularidad llegó al 80 por ciento. En nuestro país la realidad es distinta. Pero en tiempos de crispación, la sola y opinable idea de que “Susana y Marcelo marcan el termómetro social”1 se convierte en argumento a favor de la instauración de la pena de muerte. ¿Algo es conveniente, racional, ético o sensato por el solo hecho de ser “popular”? El amigo Dawinder Sidhu, aun cuando rediscute uno por uno los argumentos tradicionales contra la aplicación de la pena de muerte, dice acerca del argumento de la popularidad: “En democracia, la voz de la gente debe importar. Pero el punto es que la popularidad en sí misma no indica si algo está bien o mal”. La esclavitud, agrega, fue muy popular en Estados Unidos.

CAMBIO DE HÁBITOS. En Estados Unidos, los tiempos están cambiando. Dahlia Lithwick es una estadounidense que cubre temas jurídicos para la revista Slate. En un artículo de reciente publicación da cuenta de nuevas tendencias: “De acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, dos Estados han decretado moratorias formales sobre la pena de muerte; las ejecuciones en Nueva York fueron suspendidas después de que en 2004 la ley del Estado sobre la pena de muerte fuera declarada inconstitucional; once Estados (incluyendo, más recientemente, Florida y Tennessee) han erradicado efectivamente la práctica debido a preocupaciones sobre la inyección letal; y once Estados más están considerando decretar una moratoria o nuevas apelaciones”.

En 1999, en Estados Unidos fueron ejecutadas 98 personas. En 2006, 53; el número más bajo en diez años. En la década de los 90 se condenó a muerte a unos 300 reclusos. Ese número bajó a 114 en 2006. En 2008 se registraron 37 ejecuciones y 111 condenas a muerte. Hasta las encuestas de Gallup informan que aunque dos tercios de la población aún apoya la pena capital para asesinos, “cuando puede elegir entre la pena de muerte y la prisión perpetua, más gente prefiere la condena a perpetua (48%) a la pena capital (47%), por primera vez en veinte años”. Antoine Deshusses, de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, añade: “Si bien 36 Estados mantienen la pena capital en sus sistemas, en los hechos las ejecuciones tienen lugar mayoritariamente en los Estados del sur (35 sobre 37 en 2008). Incluso Texas, el Estado que más ejecuta, ejecutó a 10 condenados el último año; el menor número desde 1976”.

¿Qué pasó en Estados Unidos para que se iniciara un ciclo distinto en la opinión pública? Hipótesis: acaso pesaron años de debate, acciones civiles y circulación de información socialmente útil, en sentido contrario a la pura “susanización”2 y demás sensaciones térmicas.

SIENDO QUE LA MORAL NO ALCANZA... La primera discusión que surge cuando se debate la posible aplicación de la pena de muerte pertenece a la esfera íntima de las personas, a convicciones éticas, religiosas, filosóficas, suponiendo que se las tenga. Otra se relaciona con las tradiciones penales y constitucionales, ya que en los medios de comunicación ciudadanos de a pie, periodistas y faranduleros disparan con la instauración de la pena de muerte con la sola, pobre y limitada consigna de “algo hay que hacer”, podría convenirse a puro pragmatismo que ninguna de las dos discusiones –la ética y la constitucional– son “operativas”.

Quienes se oponen a la pena de muerte se manejan con un puñado de argumentos básicos (ver recuadros): el de la componente “barbárica” de la pena de muerte (implica tortura en su aplicación y promedios de espera de la muerte de diez años), el de la falacia de la pena capital como herramienta de disuasión, el de la selectividad racial y social con que se termina empleando (“pena capital para los que no tienen capital”), el de la arbitrariedad y hasta trivialidad con que se termina procediendo, el de las cifras bestias de inocentes ejecutados, el de otra falacia según la cual la pena de muerte ahorra gastos “que pagamos todos” a la hora de mantener vivos y alimentados a los encarcelados, el del uso del asesinato estatal como mera venganza.

En un país enfurecido como el nuestro, donde un presidente dos veces elegido se regocijaba con aquella frase referida al placer de ver pasear al cadáver de su enemigo, no puede sorprender que la pena de muerte aparezca confundida en una idea de alivio y hasta de disfrute ante el eventual linchamiento de un enemigo social. Es clásica la frase precursora de Beccaria en el siglo XVIII: “Me parece un absurdo que las leyes, que son la expresión de la voluntad pública, que detestan y castigan el homicidio, lo cometan ellas mismas y, para alejar a los ciudadanos del asesinato, ordenen uno público”. En México, alguna vez un diputado dijo en una Constituyente del año 1917: “Si no queréis que se mate, empezad vosotros, señores asesinos. ¿No es absurdo pensar que se pueda ordenar una muerte pública para prohibir a los ciudadanos el asesinato?”.

En los últimos años, también en México, donde los niveles de violencia centuplican los números argentinos, también se discute hace tiempo –y se rechazó– la instauración de la pena de muerte. En un artículo del jurista mexicano Enrique Díaz-Aranda, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se dice: “La pregunta es si la justicia consiste en matar a quien ha matado. Desde mi punto de vista, la ejecución de un delincuente sólo podría considerarse como una expresión de la justicia si ésta se sustentara en el principio de venganza, cuyos orígenes se encuentran en la ley del Talión ‘ojo por ojo y diente por diente’, sólo que en lugar de ser la misma víctima o familiares quienes se encargarían de saciar su sed de venganza la dejarían en manos del Estado; es decir estaríamos ante un acto institucionalizado de venganza justa”.

Sucede algo curioso para los parámetros que quedan en pie en la filosofía del derecho argentino: en Estados Unidos, ya sea en debates académicos o en los juicios mismos, la idea-valor de infligir daño a quienes lo inflingieron, se llame venganza o retribución, tiene un cierto estatus. Habrá que preguntarse, entonces, desde el extremo más tosco de la practicidad, si la pena de muerte –cualquier endurecimiento de las penas– sirve para algo. Una pista cualquiera al respecto, de nuevo en México: hacia 1931, en ese país, el secuestro se sancionaba con una pena máxima de veinte años. Tras una reforma sancionada en 1951 se incrementó la pena a treinta años. En 1955 se añadieron diez años más de castigo. Hoy, México es una de las capitales mundiales de la industria del secuestro.

En la Argentina, las “leyes Blumberg” son ejemplo repetido, aunque ya olvidado, acerca del impacto real del endurecimiento de las penas a la hora de combatir el crimen. Sin siquiera entrar en el terreno hipotético de cómo funcionaría la pena de muerte con la policía y la Justicia que tenemos (en un país donde el gatillo fácil acabó, según la Correpi, con la vida de casi 2.500 personas), parece prudente recordar la cantidad de estudios que muestran que la pena capital no acaba con los crímenes capitales. Quizás alcance con una sola y elocuente estadística elaborada por el Uniform Crime Report de Estados Unidos, dependiente del FBI. Según ese organismo, mientras la tasa de homicidios en Estados donde a principios de los 70 regía la pena capital era de 7,9 cada cien mil habitantes; en los otros –aquellos que habían abolido la pena de muerte– la tasa era menor: 5,1.

Muerte o perpetua: comparación de costos

¿Por qué la plata de nuestros impuestos debe destinarse al cuidado, aseo o alimentación de narcos, violadores y criminales? ¿No ahorraríamos al Estado gastos enormes si rigiera la pena de muerte? El argumento es de uso habitual en los EE.UU. y también tiene su consenso en la Argentina. Sin embargo, quienes estudiaron el asunto rebaten la afirmación de que la pena de muerte es ahorrativa. En 1982, mientras se discutía la eventual reimplantación de la pena de muerte en el estado de Nueva York, una investigación demostró que los gastos derivados de juicios capitales doblaban los costos de mantener al criminal presunto condenado a perpetua. En Maryland, una comparación hecha entre 1974 y 1989 estableció que los procesos en los que no se jugaba la aplicación de la pena capital “valían” un 42% menos que aquellos en que sí rondaba la posibilidad de la ejecución. En Florida, un estado que hasta hace poco fue generoso en la aplicación de la inyección letal, se demostró que el costo de cada sentencia a muerte era de 3,2 millones de dólares, seis veces más que el de las sentencias a perpetua.

Seleccionados para el patíbulo

* Según una investigación utilizada por la Corte Suprema de los EE.UU. en 1987 con datos del estado de Georgia, sobre un total de 2.484 homicidios la aplicación de la pena de muerte se impuso en un 22% en casos que involucraban a un homicida negro y una víctima blanca, en un 8% a homicida y víctima blancos, en un 3% a homicida blanco y víctima negra y en un 1% a homicida y víctima negros.

* En 1990, un estudio más vasto sobre políticas antidrogas hecho por la General Accountability Office, brazo investigativo del Congreso de los EE.UU., mostró que en el 82% de los casos el origen racial de la persona acusada de matar a una persona blanca incidió en la aplicación de la pena de muerte.

* Otros cuadros estadísticos publicados en la década de los 90 mostraron que el 53% de los sentenciados a muerte en EE.UU. son negros, hispanos o de otras minorías. Los negros representan algo más del 12% de la población total estadounidense, la mayoría son lo suficientemente pobres como para no poder contratar a un abogado.

* De Amnistía Internacional: “El número de blancos y negros que son asesinados en Estados Unidos es equiparable. Sin embargo el 82% de los presos ejecutados desde 1977 fueron declarados culpables del asesinato de una persona blanca. El 42% de los condenados a muerte son de raza negra”.

* El Proyecto Inocencia, una clínica jurídica sin fines de lucro asociada a la Facultad de Leyes Benjamin N. Cardozo de la Universidad Yeshiva en Nueva York, informó que en los últimos años se produjeron 194 exoneraciones por ADN en reclusos que estaban cumpliendo condena.

* Un estudio sobre ejecuciones injustas realizado por Hugo Bedau y Michael Radelet afirma que de 1900 a 1991, 416 personas inocentes fueron sentenciadas a muerte.


Fuente: CriticaDigital.com
Fotografía: ahorcamiento en Irán.
Referencias: 1 y 2, expresiones en relación populares artistas argentinos, Susana Gimenez y Marcelo Tinelli.

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Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba resolución contra ataques por perfil religioso

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó hoy una resolución que repudia la violencia y los ataques físicos y psicológicos contra las personas, en función de su religión o creencias.

Por 23 votos a favor, 13 en contra y 11 abstenciones, también condenó la incitación de esos actos contra sitios sagrados, símbolos religiosos y personalidades veneradas de todas las religiones.

La resolución expresó preocupación, entre otras cosas, por la identificación étnica y religiosa de las que son objeto las minorías musulmanas desde el atentado del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York.

En ese sentido, lamentó el error de que el Islam sea frecuentemente asociado con violaciones de derechos humanos y terrorismo, así como las normas diseñadas específicamente para el control y vigilancia de esas minorías.

El Consejo pidió a los Estados que tomen todas las medidas necesarias para promover la tolerancia y respetar las religiones y creencias.*


Nueva medida de la ONU contra la "difamación religiosa" es problemática, dicen los expertos.

Esta medida de protección podría resultar contraproducente para la expresión individual

Los defensores adventistas de la libertad religiosa temen que una nueva resolución de las Naciones Unidas que busca proteger de manera amplia las ideologías religiosas logre este objetivo a expensas de las libertades individuales de expresión.

La medida no vinculante, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la víspera, es la última de una serie de acciones en contra de los comentarios intolerantes y la "difamación religiosa" que comenzó en 1999 cuando Pakistán fue el primero en solicitar una resolución en tal sentido.

Pakistán sigue siendo el principal patrocinador de las resoluciones sobre "difamación religiosa", dijeron los directivos de la Agencia Internacional de Libertad Religiosa (IRLA).

La resolución de la víspera fue aprobada por 23 votos a favor, 11 en contra y 13 abstenciones, lo que revela un apoyo menos entusiasta en comparación con años anteriores y deja entrever la creciente oposición contra tales medidas, afirmaron los directivos de IRLA. Varias agencias no gubernamentales, incluyendo a IRLA, The Becket Fund y UN Watch, continúan creando conciencia respecto de las potenciales consecuencias de la resolución.

"En el derecho internacional, si se sigue una costumbre durante suficiente tiempo puede convertirse en norma --dijo Barry Bussey, director de Asuntos Legislativos de la Iglesia Adventista--. Tales normas son entonces codificadas y se convierten en leyes".

Una década después de haber comenzado, las resoluciones contra la "difamación religiosa" parecían bien encaminadas hacia la normativa legal, dijo Bussey. Sin embargo, unos años atrás, cuando las tiras cómicas danesas que mostraban a Mahoma incitaron ataques a las embajadas danesas en varios países musulmanes, los países de Occidente comenzaron a repensar los alcances extremos de tales resoluciones, afirmó.

"Nos preocupa que [la resolución] limite la libertad de expresión", dijo John Graz, secretario general de IRLA, después de la votación.

Lo más preocupante es la vaguedad de la resolución, dijo Bussey.

El año pasado, los expertos de IRLA se reunieron para analizar el tema de las declaraciones de intolerancia y la "difamación religiosa". Como no existe una definición mundialmente aceptada de la expresión "difamación religiosa", el grupo concluyó que cualquier intento de implementar la resolución propuesta en ese entonces resultaría arbitrario y subjetivo, y que en su mayor parte dependería de la sensibilidad de los oyentes.

"¿Quién determina cuando se difama a una religión?" dijo Bussey después de la votación. "Esta resolución conlleva numerosos peligros de que se produzcan abusos de poder". Bussey instó a concertar la oposición cuando se procure renovar la resolución el año próximo.**

*Fuente: Servicio de Noticias de las Naciones Unidas
**Fuente: ANN Adventist News Network

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Iglesia y Estado. Por Herold Weiss

A través de mi larga vida siempre he estado muy orgulloso de mi ciudadanía uruguaya. Nací y pasé mis primeros grados de escuela en Montevideo. Uruguay había establecido un sistema de gobierno democrático y progresista a comienzos del siglo XX. Su sistema educativo copiaba al francés, y su cultura cívica estaba decididamente influenciada por el iluminismo. El presupuesto nacional favorecía a la educación más que al ejército. Todo uruguayo con ambiciones intelectuales soñaba con ir a Paris a estudiar en La Sorbonne. La sociedad uruguaya era abiertamente secular y liberal y contaba con una enérgica clase media.

La separación de la iglesia y el estado era dada por entendida. Esto por supuesto no era lo que el Vaticano de esos tiempos consideraba deseable. Así es que decidió celebrar un gran congreso eucarístico en Montevideo. La ciudad contaba con las dependencias del Estadio Centenario, un templo al fútbol construido en 1930 que sentaba cómodamente a 100,000 personas. Fue entonces que por primer vez ví a un cura con sotana y, para el abochornamiento de mis padres, grité a plena voz en un tranvía lleno de gente encaminada al estadio. “Papá, mirá, un hombre con polleras!” Las esperanzas de que el congreso convirtiera al Uruguay en un país más católico, fueron vanas En mi hogar a menudo se comentaba acerca de la situación privilegiada en que vivíamos. En esos tiempos, la década de 1934 a 1944, Uruguay estaba catalogado entre los países del mundo con el más alto nivel de vida. En gran parte esto se acreditaba al ambiente cultural y social permitido por la separación de la iglesia y el estado.

Después de 12 años, mis padres regresaron a la Argentina, donde la constitución establece a la Iglesia Católica como iglesia oficial, y requiere que el presidente de la república sea católico. Todas las celebraciones de fiestas patrias comienzan con una misa, y el currículo de los colegios secundarios incluye la doctrina católica como materia de estudio enseñada por un sacerdote. En el ministerio de relaciones exteriores se encuentra la Secretaría de Culto de la Nación, y ésta está a cargo del Registro Nacional de Cultos. Esta agencia estatal registra a todas las confesiones distintas a la iglesia Católica Romana autorizando así su funcionamiento, supervisa todas sus gestiones ante las Autoridades Públicas, y observa el cumplimiento por parte de las dichas confesiones de “la normativa vigente”. Bajo estas condiciones, las iglesias no católicas no gozan de libertad religiosa, sino de tolerancia. La Secretaría de Culto decide hasta dónde se extiende esa tolerancia, y los tolerados saben muy bien que su “registro” puede ser revocado bajo pretexto.

Los adventistas en la Argentina siempre estábamos concientes de que no debíamos hacer algo que pudiera despertar el interés del Registro Nacional de Cultos y, como consecuencia, hacernos perder el permiso de funcionar en el país. La situación era frágil puesto que no estábamos registrados como una religión, sino como una secta, y sobre la base de esa distinción el Registro permitía o no ciertas actividades. Entre otras cosas, por ejemplo, era muy difícil para una secta hacer un contrato para el alquiler de un salón en el cual dictar conferencias. Esto limitaba el evangelismo público a edificios de iglesia, pero era difícil hacer que no-adventistas rompieran las barreras psicológicas que les impedían entrar a una iglesia no católica. Uno de los objetivos del Registro de Cultos, sin duda, era hacer el proselitismo lo más difícil posible.

Cuando en 1954 llegué a Southern Missionary Collage (la actual Southern Adventist University) en Tennessee, me alegró escuchar a menudo tanto desde el púlpito, como en el aula, acerca de la importancia de mantener firme la separación de la iglesia y el estado. Había razones para ello. En los estados del sur estadounidense en aquel entonces abundaban las llamadas “blue laws”. Estas leyes prohibían la apertura de negocios en domingo. Como tales eran leyes dominicales a nivel local. Pero dentro del panorama apocalíptico adventistas, estas leyes municipales o distritales eran las precursoras de La Ley Dominical Nacional. Para los adventistas, claro está, la máxima señal de que la Venida de Cristo está cerca no son sucesos políticos en Jerusalén, como la derecha fundamentalista del cristianismo norteamericano ha popularizado por años. La última señal, según la interpretación tradicional adventista, es la unión de los poderes políticos y religiosos que establecen La Ley Dominical. En el Bible Belt (la región donde la Biblia reina = el sureste norteamericano) ya había leyes dominicales que prohibían comprar y vender en el Día del Señor cuando llegué a este país hace 55 años.

Uno de los profesores de Southern que tuvo influencia sobre mi fue Leif Kr. Tobiassen, un noruego hombre de mundo especializado en la entonces incipiente Organización de las Naciones Unidas. El hacía referencia frecuentemente a otra organización de la cual estaba orgulloso de ser miembro, Americans United for the Separation of Church and State. Tobiassen se quejaba de que los adventistas no le estuvieran dando más apoyo a esta organización voluntaria, Hasta el día de hoy ella está a la vanguardia en la lucha por mantener a estas dos entidades separadas. Me alegró grandemente que en su última Conferencia Anual, Spectrum tuvo al director de esta organización como invitado especial. A buena hora. Tobiassen se quejaba de que los adventistas no le estuvieran dando más apoyo. Pero la cuestión iglesia/estado ha cambiando radicalmente en los últimos años y no hay duda de que el deseo de mantener firme su separación ha estado debilitándose ahora que las posibilidades de una Ley Dominical Nacional parecieran haberse esfumado en un horizonte nebuloso. Las leyes dominicales del sur estadounidense han, en su mayoría, desaparecido. El comercialismo ha triunfado rotundamente sobre la religión. Hasta se podría decir que la ha penetrado sigilosamente y la religión se ha convertido en una manifestación más del comercialismo y la cultura del entretenimiento que lo alimenta.

Dentro del adventismo, es de lamentar, todavía se cultiva un complejo de persecución y se anticipa con ansias la imposición de la Ley Dominical Nacional. Por otra parte, mientras que en la cultura popular la intolerancia y la violencia se manifiestan diariamente en referencia a diferentes aspectos de la vida, la política oficial ha sido consistente en su progreso hacia una sociedad cada vez más libre de prejuicios y de abusos. Esto ha hecho que la fobia contra el catolicismo, que perneaba la actitud pública de este país en el siglo XIX, se haya disipado. El Concilio Mundial de Iglesias, que hace 50 años era considerado por los adventistas como el arma que Satanás usaría para pasar la Ley Dominical, funciona lánguidamente en un ambiente que es multicultural y multireligioso. El estado, que en la postura clásica adventista estaba representado por ese protestantismo apóstata que, sin duda, en el siglo XIX tenía las manos en el timón gubernamental, en estos días está en manos de ateos, judíos, musulmanes, mormones, testigos de Jehová, adventistas, católicos pentecostales y protestantes de las iglesias principales. Como resultado, visiones del Protestantismo apóstata extendiendo la mano a la Iglesia Católica para imponer la Ley Dominical sólo surgen en la imaginación de quienes son adeptos a teorías de conspiración, pero no en la de aquellos que tienen algún entendimiento de la realidad histórica.

La cuestión que en estos días ha llamado la atención de los adventistas acerca de la relación de la iglesia con el estado es decidir si la iglesia adventista, como cuerpo religioso, debe o no declararse a favor o en contra de proyectos de ley. Indudablemente que, junto con muchos otros cuerpos religiosos que luchaban por mantener la separación de la iglesia y el estado, últimamente la iglesia adventista también desea ser parte activa en las decisiones tomadas por el estado. Por supuesto, dado el complejo mesiánico que informa la identidad del pueblo norteamericano, es difícil esperar algo distinto. Si bien la Constitución prohíbe que el estado establezca una iglesia oficial o regule las actividades religiosas de los ciudadanos, por años las iglesias han tenido una influencia preponderante en las leyes de este país.

En 1967 recibí la ciudadanía estadounidense. Como ciudadano aprecio los privilegios y asumo las responsabilidades del caso. Cuando viajo fuera del país me siento obligado a defenderlo cuando lo maltratan verbalmente a base de malentendidos o falta de información. En todas partes, sin embargo, sigo estando orgulloso de mi ciudadanía uruguaya, a la cual nunca he renunciado. Es confortante ser ciudadano de un estado secular sin una identidad religiosa e ilusiones mesiánicas.


Fuente: Adventist Forums / Café Hispano
Autor: Herold Weiss, Southern Missionary College; M.A., B.D., Andrews University; Ph.D. Actualmente es profesor emérito de Saint Mary's College, Notre Dame, Indiana. Por veinte años, fue profesor afiliado del Nuevo Testamento en el Northern Seminary, Chicago. Es el autor de "A Day of Gladness: The Sabbath Among Jews and Christians in Antiquity" (Un día de alegría: El Sábado Entre Judios y los cristianos en la Antigüedad).

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Pastor adventista asesinado en Guatemala

Los adventistas del séptimo lloran la pérdida de uno de sus pastores después de haber sido muerto trágicamente mientras viajaba por carretera en la región sureña de Guatemala el pasado jueves. De 33 años y ciudadano guatemalteco, el pastor Eric Cerritos viajaba en su auto con su familia cuando fue interceptado por un automóvil y baleado varias veces.

Cerritos, que llevaba más de una década sirviendo como ministro en el vecino país de Honduras se convierte en la más reciente tragedia que ha visto la iglesia en Guatemala por la creciente violencia en el país.

"Esta es una tragedia terrible ocasionada por la inescapable violencia aquí en Guatemala que golpea nuestra familia adventista estos últimos meses", dijo Juan López, director de comunicación para la Asociación Central de Guatemala en la capital ―Guatemala. Es una preocupación por sus miembros que tienen los dirigentes en todo el país.

Investigadores oficiales creen que puede haber sido un caso de identidad equivocada, dijo López. "12 miembros de iglesia han sido asesinados, 100 extorcionados y 10 secuestrados por miembros de gangas y traficantes de drogas por todo el país", añadió él.

López explicó que debido a que el gobierno mexicano recientemente ha intensificado su lucha contra el tráfico de las drogas, muchos cruzan la frontera a Guatemala y traen sus operaciones y violencia al país.

Los líderes y miembros de iglesia se reunieron para un servicio especial de recordación en la ciudad de Guatemala, el día después del asesinato. El cuerpo de Cerritos fue transportado después a Tegucigalpa, Honduras, donde se congregaron cientos de personas el sábado 28 de febrero para un servicio especial (foto).

"Todavía estamos consternados en Honduras", dijo el pastor Walter Cigüenza, director de comunicación para la iglesia en la sede de la Unión Central Centroamericana en Honduras.

"Esto ha golpeado a nuestra iglesia fuertemente", dijo Cigüenza, quien explicó que en los más de 10 años que ha estado sirviendo en Honduras, nada como esto ha jamás golpeado la iglesia tan fuerte.

Más de 800 personas abarrotaron la Iglesia Adventista de Comayagüela en Tegucigalpa durante un servicio de recordación el sábado por la mañana para el fallecido pastor. Más personas aún siguieron la transmisión por radio del programa. Cerritos fue recordado por su dedicado liderazgo pastoral en los distritos de Río Grande, La Hacienda y La Era en Honduras.

El pastor Winston Simpson, secretario de la Asociación Ministerial para la iglesia en la Unión Central Centroamericana, habló de la gran pérdida en su equipo pastoral y ofreció palabras de esperanza a los adoloridos.

"Estamos tristes por la pérdida del pastor Cerritos", dijo Simpson. "Nadie sabe los planes de Dios. Nosotros debemos continuar en fe para terminar la obra que Dios no ha llamado a hacer".

Cerritos obtuvo su Bachillerato en teología de la Universidad Adventista de Costa Rica y una Maestría en Ministerio Pastoral del Seminario Teológico Adventista de Interamérica en 2007. Le sobreviven su esposa e hija de tres años.

Mientras, los dirigentes en Guatemala siguen preocupados por la seguridad de sus miembros. A sólo un día después del servicio de recordación , un pastor que había terminado de predicar fue asaltado violentamente y atendido para una herida en su cabeza que requirió 10 puntos. López dijo que las iglesias en Guatemala están planeando organizar una marcha en todo el país contra la violencia en las próximas semanas.

Fuente: División Intermericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

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