jueves, 30 de septiembre de 2010

Estados Unidos camino al Gran Hermano. Por William Fisher

Las últimas redadas de agentes federales en hogares y oficinas de pacifistas son consideradas por defensores de las libertades civiles1 como una nueva prueba de que Estados Unidos se convierte en un "Estado de vigilancia", donde el derecho a la privacidad y otras protecciones constitucionales desaparecen.

El viernes pasado, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) realizaron en la norteña ciudad de Minneapolis una serie de cateos en hogares de activistas contra la guerra y en la oficina de un grupo pacifista, así como en la casa en la nororiental Chicago del jefe de una organización árabe-estadounidense.

El periódico Minneapolis Star Tribune informó que los allanamientos eran parte de una investigación sobre "actividades relacionadas con apoyo material al terrorismo". Ninguna persona fue detenida.

El portavoz del FBI, Steve Warfield, dijo a periodistas que las operaciones fueron realizadas alrededor de las siete de la mañana. Abogados señalaron que los agentes se incautaron de computadoras, teléfonos celulares y documentos de los activistas.

"El continuado y escandaloso acoso a pacifistas, ambientalistas y otros activistas y disidentes bajo la administración de (Barack) Obama en éste y en otos casos… es inexcusable y debe parar", dijo a IPS el presidente del independiente Comité de Defensa de la Carta de Derechos (Bill of Rights Defense Committee), Chip Pitts.

"Esto confirma la urgencia de que simpatizantes de todos los partidos, de todas las edades y de todos los sectores de opinión se unan a la comunidad por las libertades civiles en esfuerzos para resistir al emergente Estado de vigilancia y para restaurar las protecciones constitucionales", añadió.

Pitts indicó que las garantías individuales "se diluyeron con la Ley Patriota (USA Patriot Act) y otras similares aprobadas en el miedo políticamente manipulado luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre" de 2001 en Nueva York y Washington.

Activistas dijeron al periódico de Minneapolis que los allanamientos "los sorprendieron". Uno de ellos, Mick Kelly, jugó un papel central en las manifestaciones frente a la Convención Nacional Republicana de 2008 en la norteña ciudad de Saint Paul.

Consultado por el Minneapolis Star Tribune si estaba involucrado en alguna actividad ilegal, respondió: "Absolutamente no".

Ted Dooley, abogado de Kelly, dijo al diario que los cateos fueron en realidad parte de "una investigación sobre las opiniones políticas de ciudadanos estadounidenses y de cualquier organización que se oponga al designio imperialista" de Washington.

Además, explicó que las órdenes de allanamiento se basaron en una ley federal que considera delito proveer o conspirar para proveer apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras.

Supuestamente se investigaban vínculos con grupos terroristas en los territorios palestinos y en Colombia.

Los activistas recibieron citaciones para comparecer ante un jurado federal el mes próximo en Chicago. También se emitieron citaciones en Michigan (noreste) y Carolina del Norte (este).

Luego de las redadas, organizaciones pacifistas y similares comenzaron a preparar su respuesta. El lunes, unas 150 personas se reunieron fuera de las oficinas del FBI en Minneapolis, algunas con carteles que rezaban: "Oponerse a la guerra no es un crimen".

Están previstos otros allanamientos en distintas partes del país este martes.

Los activistas investigados por el FBI aseguraron no haber cometido ningún delito y anunciaron que continuarían oponiéndose a la política estadounidense en Medio Oriente y América del Sur.

Mientras, el periódico The New York Times informó el lunes que el gobierno de Obama preparaba un proyecto de ley para facilitar que los servicios de inteligencia interceptaran comunicaciones e información en Internet, incluyendo mensajes de correo electrónico y contenido privado en redes sociales2.

La Casa Blanca prevé presentar el texto ante el Congreso legislativo el año que viene. La nueva ley requeriría a todos los servicios por Internet ser técnicamente capaces de permitir la interceptación de las comunicaciones por parte de las autoridades federales en caso de una orden, informó el diario.

Los servicios de correo electrónico a través de teléfonos móviles inteligentes como BlackBerry, las redes sociales en la web como Facebook y programas de llamadas por Internet como Skype podrían ser sometidos a vigilancia.






Fuente: IPSNoticias.net / "FBI Raids Seen as Political Retribution"

Autor: William Fisher, ha pasado más de treinta años en la gestión de programas de desarrollo económico para el Departamento de Estado de EE.UU. y la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional. Se ha desempeñado en el Oriente Medio, América Latina, Asia y África. También en el área de asuntos internacionales durante la administración Kennedy.
Comenzó su carrera como periodista en los periódicos de la Florida y la Associated Press. Luego de retirarse del trabajo activo en 2003, ha escrito extensamente sobre la política exterior, los derechos humanos, y el Oriente Medio. Además de sus escritos para IPS, es un colaborador habitual de medios de comunicación en el Oriente Medio, Estados Unidos, y numerosos sitios web de Internet.

Referencias: 1. El FBI y la criminalización de la disidencia. Por Amy Goodman / DemocracyNow.org 2. U.S. Tries to Make It Easier to Wiretap the Internet / nytimes.com - Estados Unidos reformará la ley para espiar las redes sociales / ElPais.com

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lunes, 20 de septiembre de 2010

El parlamento francés aprueba el veto al 'burka' y al "niqab"

La ley que prohíbe el uso del velo integral en el espacio público supera su último trámite parlamentario en el Senado y entrará en vigor dentro de seis mesesEl Senado francés ha aprobado este martes la ley que prohíbe el velo integral, tanto el niqab como el burka, en el espacio público, casi por unanimidad -246 votos a favor y un solo voto en contra-, en una sesión boicoteada por la mayoría de los senadores de izquierdas. El texto, aprobado a principios del verano por la Asamblea Nacional, todavía debe ser validado por el Consejo Constitucional. En cualquier caso, no se aplicará antes de la primavera del año que viene, dado que prevé un periodo transitorio de seis meses destinado a la "pedagogía".

La legislación a la que ha dado luz verde el Parlamento prevé una multa de hasta 150 euros para las mujeres que vistan la prenda en el espacio público (unas 1.900 lo hacen en la actualidad, según las estimaciones oficiales). En el caso de quienes impongan su uso, el texto es mucho más severo: prevé hasta un año de cárcel y 30.000 euros de multa.

"El velo integral disuelve la identidad de una persona en la de una comunidad, expresa la voluntad de poner en marcha una visión comunitarista de la sociedad", ha señalado la ministra de Justicia, Michèle Alliot-Marie, al inicio del debate en el Senado. "Vivir juntos supone la aceptación de la mirada de otro, no es simplemente una cuestión de seguridad o de religión", ha añadido.

El Consejo de Estado, órgano consultivo, ya había manifestado sus dudas en cuanto a la constitucionalidad del texto por aplicar el veto a todo el espacio público y recomendaba que la prohibición se limitara a los edificios públicos sin extenderse a la calle, una postura compartida por el Partido Socialista. El texto no hace referencia explícita al "velo integral", sino que prohíbe el uso de una prenda que "disimule el rostro en el espacio público".




Fuente: ElPais.com
Infograma: Prendas tradicionales de la mujer musulmana / ElPais.com

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miércoles, 8 de septiembre de 2010

Por qué tienen derecho a quemar el Corán

Los únicos que podrían impedir que el sábado el pastor evangélico Terry Jones cumpla su promesa (o amenaza) de hacer una fogata con ejemplares del Corán para marcar el noveno aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 son los bomberos.

A Jones le han caído encima los mayores poderes de la Tierra, desde el Vaticano hasta el Departamento de Estado y Naciones Unidas, y sin embargo nadie podrá evitar que exprese como quiera lo que siente contra el Islam y su libro sagrado, al que considera repleto de mentiras.

Los bomberos de Gainsville, el pueblo del norte de la Florida en donde Jones regenta la pequeña y hasta hace poco desconocida iglesia Centro de Divulgación Mundial Paloma de la Paz, le han negado el permiso para la fogata que está convocando aduciendo que es "un riesgo para la seguridad" del vecindario.

El pastor aseguró el miércoles que sigue con sus sus planes, y sus abogados aclaran que no se trata de un permiso bomberil sino del sacrosanto derecho de expresión que garantiza la primera enmienda de la Constitución de los EE.UU.


Exprésese, queme lo que quiera

El principio está en la primera enmienda1 de la carta magna de EE.UU.: todo ciudadano tiene derecho a expresar su opinión de la manera que crea conveniente, sin que ninguna autoridad o persona pueda controlarlo o impedirlo.

Hasta quemar la bandera nacional estadounidense es una forma de protesta legal -aunque resulte antipático y antipatriótico a muchos- como sancionó en 1979 la Corte Suprema de Justicia, recordando que la libre expresión incentiva el debate.

Según explicaron a BBC Mundo fuentes del Departamento de Justicia, "ningún control puede ejercerse desde el gobierno para evitar esta quema de libros".

No importa cuán ofensivo pueda ser el mensaje, si es cuestionado por la mayoría de los ciudadanos o si tiene un efecto potencialmente dañino para las relaciones interreligiosas en la comunidad, en el país o en todo el mundo.

Las fuentes aclararon que la libertad de expresión sólo puede ser controlada si se incita a la violencia contra un grupo específico, es decir "si el pastor Jones convocara a una marcha para golpear musulmanes después de la que quema del Corán".


Una defensa difícil

La situación reta los principios de quienes simultáneamente promueven tolerancia y libertad religiosa y defienden el cumplimiento de la primera enmienda.

La Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, por sus siglas en inglés) la organización de defensa de derechos humanos más grande del país, condena la iniciativa de Jones, pero reconoce que "ejerce un derecho constitucionalmente protegido".

"Estamos preocupados por el aparente aumento de actividades antimusulmanas en el país, pero al mismo tiempo la respuesta no es restringir el derecho de la gente a expresarse o protestar, aunque sea un discurso ofensivo o de mal gusto", aseguró a BBC Mundo, Daniel Mach, director del Programa de Libertad de Religión del ACLU.

"Defender la libertad de expresión es fácil cuando se trata de un mensaje al que pocas personas se oponen, pero defender ese derecho es más delicado cuando la mayoría considera que el mensaje es ofensivo o reprochable", afirmó Mach.

Aunque Mach insistió en que en la ACLU no comparten las ideas de Jones, en meses pasados la organización asesoró a dos familias de Gainesville en su demanda contra una escuela local que no dejaba que sus hijos llevaran camisetas con el mensaje "El Islam es demoníaco" ("Islam is of the devil" texto en los carteles de la fotografía de cabecera), el título de un también polémico libro del pastor Jones.


Ofendido pero comprensivo

Aunque dice sentirse ofendido por el ataque que está por sufrir en Florida el libro sagrado de su religión, Zaed Jilani, un musulmán estadounidense de ascendencia pakistaní, reconoce que "quemar el Corán es una expresión legal".

"Sería diferente si identificaran a una minoría y fuera hasta sus casas y atacaran sus lugares de culto. Esas cosas cruzan la línea de la libertad de expresión y se convierten en simple hostigamiento, vandalismo y crímenes de odio", aseguró Jilani a BBC Mundo.

A muchos les resulta difícil de comprender que en EE.UU. se puede promover odio contra personas, pero que es ilegal discriminar o atacar físicamente a grupos. Este es un caso en el que está prohibido hacer buenas las palabras.

Jilani considera que el evento "no es buena idea" y que "es algo que ellos no deberían hacer (…) porque golpea la sensibilidad de la mayoría moderada musulmana, que es gente a la cual EE.UU. está tratando de ganarse con varios medios diplomáticos".

Queriendo apaciguar los ánimos, algunos han sugerido que se suspenda la quema del Corán a cambio de que cancelen su proyecto los promotores del polémico centro islámico cercano al sitio donde estuvieron las torres gemelas de Nueva York.

"Ambas son actividades protegidas por la primera enmienda. No hay duda de que hay un derecho legal de construir un centro comunitario en Manhattan. Es el derecho de practicar libremente cualquier religión", explicó Daniel Mach, aunque rechazó que pueda darse una negociación, suspender uno para evitar lo otro.


El arma de la palabra

Para muchos la mejor arma contra la intolerancia de la que acusan al pastor de Florida también está en el ejercicio del derecho a la libre expresión.

"La respuesta es más expresión, más debate. Deberíamos promover un debate que contrarreste discursos discriminatorios, de modo que la intolerancia y la discriminación no ahoguen a las voces de la razón", aseguró Mach.

Para eso varias iglesias, sinagogas y mezquitas de la zona están organizando lo que llaman "eventos incluyentes" en lo que leerán pasajes del Corán durante sus servicios del día.

Aunque podría darse el caso de que en esta ocasión las voces de la mayoría tolerante e incluyente tengan menos fuerza que la de Jones, sobre todo entre los musulmanes fuera de EE.UU.


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Fuente: BBC Mundo
Autor: Carlos Chirinos / Washington
Nota: 1. La sagrada primera enmienda. En diciembre de 1791 el Congreso estadounidense sancionó 10 enmiendas a la Constitución conocidas como “La Carta de Derechos”, para garantizar el equilibrio entre el poder federal y los estados, así como libertades personales. La primera enmienda es considerada la base de la protección del individuo frente al Estado y es uno de los principios constitucionales más celosamente defendidos en EE.UU. Primera enmienda de la Constitución de EE.UU.: "El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios". 2. "" o también "Islam es del diablo"
Fotografía: Chip Litherland / The New York Times

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